Acabada la Segunda Guerra Mundial y consolidada ya la llamada sociedad de consumo, la cantidad de bienes generada por ésta y los efectos del empleo industrial y masivo de combustibles fósiles y otras sustancias químicas aparejó el problema de la contaminación ambiental como un deterioro transversal de las actividades humanas. Las reacciones fueron, en su mayoría, pesimistas en cuanto a los remedios posibles. Las dominantes proponían el descenso de la población y una correlativa restricción de la actividad económica. Se llegó inclusive a auspiciar la interrupción de su crecimiento a partir de un punto considerado de estancamiento ideal.
La preocupación afectaba primeramente a los países industrializados puesto que el fenómeno los afectaba en sus propios territorios, pero al mismo tiempo advertían que la contaminación de que eran autores iba envolviendo también a las naciones subdesarrolladas. En definitiva, se trataba de una cuestión planetaria.
En aquella década de 1960 el impacto del tema cobró características propias en las regiones todavía escasamente industrializadas, y una de esas notas consistió en la sospecha de que los frenos al desarrollo futuro ocultaban la intención de mantenerlas en su condición de atraso y preservar así el equilibrio geopolítico mundial.
En tal ambiente de recelo se fue postergando una prevista Conferencia patrocinada por las Naciones Unidas con el objetivo de concertar políticas comunes para asegurar la conservación de la naturaleza y contener los avances de la contaminación.
Ya se habían logrado entonces progresos importantes en la materia, y las inversiones en cuidados ambientales de los Estados centrales y de las grandes empresas eran cuantiosas.
Por fin la postergada Conferencia se realizó en Estocolmo, en 1972. Allí se plasmó el concepto de ambiente humano entendido como la confluencia del crecimiento económico que reclamaban los países subdesarrollados con las medidas de protección de la naturaleza y control de la contaminación, cuya necesidad ya era imposible desconocer. Se dio trámite asimismo a las primeras iniciativas de ayuda económica de los países ricos a los afectados por las diversas formas de deterioro ambiental.
Entre ellas comenzó por entonces a ocupar lugar relevante el “efecto invernadero”. Consiste éste en la incorporación dentro de la atmósfera de una cantidad excesiva de gases procedentes de la superficie terrestre presumiblemente originados en la actividad humana y que forman una barrera capaz de detener a los rayos solares que, una vez que han tocado suelo deben volver, por un “efecto rebote”, al espacio exterior a nuestro planeta.
El conjunto de consecuencias de este fenómeno determina el calentamiento global, denominado con más exactitud “cambio climático”. Se trata de una realidad muy conocida cuyo desenvolvimiento pone en peligro la sustentabilidad de casi todas las actividades humanas por la modificación del orden de la naturaleza que las hace posibles.
Los gases de efecto invernadero son en parte fenómenos naturales normales, producto de la actividad biológica y geológica del planeta, y determinan la temperatura media de éste. Pero la emisión añadida de contaminantes originados preferentemente por los combustibles fósiles alteran ese equilibrio.
Se considera que el proceso ha comenzado en el siglo XIX con la revolución industrial y que ha causado ya un incremento de dos grados en la temperatura media de la Tierra; si se superaran los cuatro grados la situación ambiental sería catastrófica.
Los gases de invernadero son principalmente el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y otros en proporciones menores. El más peligroso es el CO2, que en circunstancias normales es un elemento esencial para la vida.
OIKOS ha presentado en una entrega anterior el caso de la ganadería argentina, a la cual ciertos organismos internacionales responsabilizan de una cuota importante del efecto invernadero. Allí encontrará el lector los argumentos científicos que desmienten tal apreciación; la contundencia de dichas razones favorecen la sospecha de que nuestro país ha quedado incluido entre los objetivos de una campaña internacional dirigida contra la ganadería y sus productos.
Se trata de un tema que puede contribuir a una “mala fama ambiental” de la Argentina que gravite en perjuicio de su economía en general. A ese respecto se debe tener presente que las informaciones oficiales de los organismos de la ONU asignan la participación argentina en las emisiones globales de gases de efecto invernadero (conocidos por su sigla GEI) la modesta proporción de un 0,6 % del total. Los diez primeros países aportantes de GEI representan el 70 %, y el resto se reparte entre los demás miembros de la comunidad internacional; en este tercio la Argentina ocupa el puesto 41°.
De alguna manera, nuestro país ha demostrado haberse adelantado a un concepto nuevo de la política ambiental conocido como “economía del cocodrilo”, al cual el Foro Económico Mundial define como “el momento en que el producto bruto interno de un país sigue creciendo mientras sus emisiones disminuyen: dos curvas que se separan como las mandíbulas abiertas de un cocodrilo”.
De acuerdo con la misma fuente, en 2023 cuarenta y nueve países habían alcanzado ese nivel; de ello son ejemplos la Unión Europea, cuyas emisiones fueron inferiores en 37 % a las de 1990 mientras su producto bruto aumentó 70 %, y Gran Bretaña, con 54 % menos de emisiones y 84 % de crecimiento.
Estos resultados se atribuyen a los avances tecnológicos aplicados al control de la contaminación y al progreso de las energías alternativas como la eólica y la solar. Se trata, en todo caso, de una demostración cabal de cómo el auténtico desarrollo no constituye un obstáculo para la salud ambiental de la Tierra, sino que es una condición para que también las regiones empobrecidas del mundo participen, con el crecimiento de sus producciones, de los logros materiales brillantes que la humanidad ha alcanzado.
Invitamos al lector a realizar sugerencias y opiniones sobre cada tema desarrollado.
